Responsabilidad del Estado en accidentes de tránsito o fallos sancionatorios ilegales
Conciliación extrajudicial en derecho en procesos de responsabilidad del Estado
La conciliación ha sido vista por el gremio jurídico en la trayectoria del derecho procesal, como un simple requisito de procedibilidad; pero en Aletta, hemos comprendido los sacrificios monetarios, de tiempo y emocionales que generan los litigios para las partes en cualquier tipo de proceso. Es por esto, que mediante abogados conciliadores en derecho certificados por el Ministerio de Justicia y el Derecho, buscamos que los accidentes de tránsito en la medida de las posibilidades, sean manejados de la mejor forma posible en estas etapas conciliatorias con el fin de dirimir rápida y efectivamente los conflictos, logrando indemnizaciones integrales a las víctimas o evitando que se generen condenas exhorbitantes en futuros procesos declarativos o incidentes de reparación integral dentro del proceso penal.
En los eventos que medie una relación contractual valida entre las partes, como es el caso de accidentes de tránsito, cuando se encuentra involucrado en los hechos un vehículo de transporte público y sus pasajeros son víctimas de las lesiones personales o muerte. Para estos casos, en Aletta prestamos atención integral a las víctimas involucradas, a sus familiares en caso de realizarse reclamaciones en calidad de herederos.
Igualmente, brindamos servicios jurídicos a las empresas de transporte público y propietarios de vehículos vinculados a los procesos por la condición de solidaridad que existe en accidentes de tránsito por tratarse actividades peligrosas.
La asistencia que se brinda puede llevarse a cabo ante la jurisdicción civil o contencioso administrativa.
Frente a la expedición de un acto administrativo que no se ajuste a los requisitos de ley, existen los mecanismos de control para efecto de lograr su nulidad, resarcir los perjuicios o devolver las cosas a su estado anterior a la expedición del acto.
En eventos de comparendos de tránsito, puede adelantarse una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes casos:
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Cuando el comparendo se haya emitido de manera arbitraria o sin respeto a las garantías constitucionales.
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Cuando el comparendo se haya emitido sin observar los procedimientos establecidos por la ley.
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Cuando el comparendo se haya emitido por un funcionario que no tenga competencia para hacerlo.
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Cuando el comparendo se haya emitido sin que exista prueba suficiente para sustentar la infracción cometida.
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Cuando el comparendo se haya emitido con errores formales o materiales que afecten su validez.
En estos casos, la persona afectada por el comparendo puede presentar una demanda ante un juez de lo contencioso administrativo con el fin de que se declare la nulidad del comparendo y se restablezca su derecho alegando alguna de las causales mencionadas anteriormente. Es importante destacar que la presentación de una demanda no suspende el pago de la sanción impuesta por el comparendo, que deberá ser realizado de manera independiente.
Consultoria en tránsito y transporte a entidades territoriales y del orden nacional
Asesoría a entidades nacionales, gobernaciones y alcaldías en materia de tránsito y transporte, respecto de políticas, litigios, capacitación o consultoría preventiva.
El mantenimiento de las vías es una obligación que compete al Estado, razón por la cual, su omisión puede generar responsabilidad en caso de desencadenar daños indemnizables.
En Colombia, un proceso contencioso administrativo de reparación directa por accidentes de tránsito debido a huecos en las vías puede llevarse a cabo cuando se cumplen ciertos requisitos y condiciones. Estos incluyen:
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Existencia de un daño: Debe haber un daño material o moral causado al demandante como resultado del accidente de tránsito.
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Responsabilidad de la entidad: La entidad encargada del mantenimiento y conservación de la vía (municipio, departamento o nación) debe haber incurrido en una falla en el servicio o negligencia al no mantener la vía en condiciones adecuadas, lo que llevó al accidente.
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Nexo causal: Debe existir una relación directa entre el mal estado de la vía (hueco) y el accidente de tránsito, así como entre el accidente y los daños sufridos por el demandante.
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Caducidad de la acción: En Colombia, el plazo para presentar una demanda de reparación directa en casos de accidentes de tránsito es de dos años, contados a partir del día siguiente al hecho que ocasionó el daño. Es importante presentar la demanda
De manera preventiva, la señalización de vías es una obligación que compete al Estado, razón por la cual, su omisión puede generar responsabilidad en caso de desencadenar daños indemnizables.
La responsabilidad civil del Estado por falta de señalización en vías en Colombia se refiere a la obligación legal del Estado de indemnizar a las víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por la ausencia o deficiencia en la señalización vial. Este tipo de responsabilidad se fundamenta en la falla del servicio público, que resulta de no garantizar condiciones adecuadas y seguras para los usuarios de las vías.
Responsabilidad contractual en contratos estatales de transporte terrestre
La responsabilidad contractual en contratos de transporte puede estar involucrada en casos en los que el Estado de Colombia actúa como contratante o como contratista. Algunos ejemplos incluyen:
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Contratos de transporte de bienes y servicios: En estos casos, el Estado puede ser responsable por incumplir con sus obligaciones contractuales, como por ejemplo, no pagar a tiempo o no cumplir con los términos y condiciones establecidos en el contrato.
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Contratos de transporte de pasajeros: Si el Estado contrata a una empresa de transporte de pasajeros para prestar servicios a sus empleados o a la población en general, y la empresa incumple con sus obligaciones contractuales, el Estado puede ser responsable ante los pasajeros afectados.
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Contratos de transporte de mercancías: Si el Estado contrata a una empresa de transporte para transportar mercancías y la empresa incumple con sus obligaciones contractuales, como por ejemplo, dañar o perder la mercancía, el Estado puede ser responsable ante el contratante.
En todos estos casos, la responsabilidad contractual puede ser determinada a través de un proceso judicial en el que se evalúen las circunstancias y se apliquen las disposiciones legales aplicables
Para efecto de lograr la protección de derechos constitucionales personales o colectivos, y de ser necesario o procedente, es pertinente ejercer acciones constitucionales tales como: Acción de tutela, Acción de cumplimiento, acción popular y acción de grupo.